El gobierno está preparando la nueva Ley de Administración Electrónica. Dicha ley dictará las normas que seguirá el estado en todo lo referente a la administración electrónica (internet, ofimática, documentos electrónicos, etc.) y la verdad es que la cosa no pinta bien.
Aunque está ley debería recoger las recomendaciones de la Comisión europea que recomienda el uso y fomento del software libre en las administraciones pública el problema más grave surge de que la ley no obliga a usar formatos abiertos en la administración.
El problema de no usar formatos abiertos y usar formatos propietarios (aunque estos sean estándares de facto) es que no estamos fomentando la libre competencia y estamos yendo en contra de una de las finalidades de la ley "Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y al procedimiento, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso." Los formatos propietarios no eliminan barreras sino que las crean, ya que al no disponer de todos los datos de un formato es muy dificil, sino imposible, para las empresas crear sofware que funcione con dicho formato. En cambio, los formatos abiertos fomentan la interoperatividad ya que cualquier fabricante de software puede crear programas que soporten dichos formatos.
El gobierno está cegado por la mano de Microsoft que pretende seguir ejerciendo su dominio con sus formatos propietarios. De esta forma el gobierno no lucha por la libre competencia sino que favorece descaradamente a una empresa no obligando (ni siquiera apoyando) el uso de formatos libre en la administración y no fomentando el software libre en la administración. Esperemos que el gobierne rectifique y apoye más al sofware libre siguiendo el ejemplo de Extremadura.
Se puede leer más sobre el tema en Error 500, El País y Barrapunto y aquí el borrador de la ley.
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